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Audiencia por la minería a cielo abierto en Tilcara y Juella

Se realiza hoy en el Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, Sala II, una nueva audiencia en el marco del recurso de amparo presentado por vecinos de Tilcara y de la localidad de Juella, para frenar la minería a cielo abierto.

En esta oportunidad están citados representantes de la empresa Uranio del Sur S.A., poseedora de un permiso para exploración e interesada en llevar adelante la explotación de uranio en la Quebrada de Humahuaca.

Si bien la causa principal se encuentra actualmente con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta nueva audiencia no afectará en nada la tramitación de la causa que data de agosto de 2008.

Recordemos que en esa oportunidad los vecinos de la localidad de Juella y de Tilcara presentaron un recurso de amparo para exigir que el Juzgado Administrativo de Minas se abstenga de otorgar permisos de cateos, exploración y explotación de minerales a cielo abierto y que se revoquen los permisos concedidos o en trámite en la zona de la Quebrada de Humahuaca.

De acuerdo a las denuncias referidas por los vecinos Auto convocados, el Juzgado de Minas habría otorgado permisos de cateo y exploración de minerales de 1ª y 2ª categoría a la empresa Uranios del Sur S.A., según consta en los expediente 1017-U-2008, los que debían realizarse sobre una superficie de 9.100 hectáreas, y 721-U-2007, sobre 5.000 hectáreas,  en el departamento de Tilcara, más precisamente en las zona de “Los amarillos” de Juella y Yacoraite, ambos territorios de las Comunidades Aborígenes de Yacoraite y El Angosto de Yacoraite con importantes yacimientos arqueológicos.

El juez Damiano para la oportunidad convocó a los vecinos, al Estado provincial y a la empresa Uranio del Sur S.A. en los tribunales de calle Senador Pérez y Belgrano, de la ciudad de San Salvador de Jujuy para escuchar a cada uno sus argumentos.

En un parte de prensa, representantes de la comunidad de Juella y Tilcara destacaron que “estaremos presentes frente a los tribunales de Jujuy para hacer escuchar nuestra voz y pedir que se apliquen las consideraciones del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, donde el juez Héctor Tizón reconoció la plena vigencia del “principio precautorio” consagrado en el art. 4º de la Ley General del Ambiente 25.675/02, que reglamenta el art. 41 de la Constitución Nacional, que dispone que cuando haya peligro de daño grave e irreversible —como lo es la explotación minera a cielo abierto— se debe actuar a favor de la protección del medio ambiente, y no es necesario esperar que se produzca el daño, ya que el mismo resulta irreversible”.

Destacaron que “La gran minería a cielo abierto es la peor opción de "progreso" para nuestra provincia. Mueve mucho dinero entre pocas personas; contamina el medio ambiente, ahora y para nuestros hijos; usa millones de litros de agua diarios, secando arroyos y napas de agua, perjudicando la agricultura y la ganadería, arruinando definitivamente la vida en el campo y los pueblos de la Quebrada y la Puna”.

Es de resaltar que en su oportunidad, el ahora ex Juez Héctor Tizón,  planteó el peligro cierto de contaminación por parte de las mineras “hasta que se demuestre lo contrario” y definió el derecho a un medio ambiente sano como un Derecho Humano Fundamental, mencionando los posibles daños generacionales al que  calificó como “papelón internacional” dejar en manos mineras una zona como la de la Quebrada, considerada Patrimonio de la Humanidad.

Tizón reconoció la plena vigencia del “principio precautorio” consagrado en el art. 4º de Ley General del Ambiente 25.675, del año 2002, que reglamenta el art. 41 de la Constitución Nacional, que postula que cuando haya peligro de daño grave e irreversible -como lo es la explotación minera a cielo abierto- se debe actuar a favor de la protección del medio ambiente. En este sentido no es necesario esperar que se produzca el daño, ya que el mismo resulta irreversible.

En el dictamen el Superior Tribunal cuestionó además fuertemente al Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, conformado por los jueces Sebastián Damiano, Benjamín Villafañe y Luis Oscar Morales, quienes según los fundamentos de Tizón “desatendieron e ignoraron olímpicamente” la existencia de presuntos daños ambientales en 8 causas penales, asentadas en los Juzgados Federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy.

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