Opinión | Opinión |

El flagelo de la inflación

La inflación que no se detiene. El problema principal de la economía argentina, daña  aproximadamente a 16 millones las personas que están ocupadas en actividades diversas y tienen ingresos mensuales fijos.

El flagelo inflacionario va quitando poder adquisitivo y todo el grupo familiar se ve afectado por la disminución del consumo, primero de bienes que componen la Canasta Básica Total (vestido, calzado, comunicaciones, esparcimiento, medicamentos, educación etc.) y si el deterioro de los ingresos reales continúa, se restringe la calidad y el nivel de consumo de los artículos que componen la Canasta Básica Alimentaria.

Con el propósito de recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en el curso del año, los asalariados discuten los porcentajes de aumentos nominales que consideran adecuados para recuperar el poder adquisitivo erosionado previamente.

Es decir que las paritarias corren por detrás de la suba de los precios, los que siempre corren por delante son los formadores de precios, es decir quiénes en el sector de la producción ostentan  poder monopólico. Por ello es falsa la opinión que difunden los economistas vinculados de una u otra manera a los intereses del sector empresarial y al Estado, que no reconoce su responsabilidad en la generación y propagación del proceso inflacionario, respecto a que los aumentos de salarios determinan gran parte de los costos de producción a futuro.


Las teorías que pretenden explicar el fenómeno del proceso inflacionario son variadas. La teoría monetarista considera que se trata de un tema exclusivamente monetario y por ello recomiendan restringir la emisión monetaria de la cual el gobierno abusa para cubrir el déficit fiscal. En el año 2012 el circulante  por emisión monetaria creció un 40 % y tal nivel sin duda constituye un factor de propagación de la inflación.

Los partidarios de la teoría estructuralista opinan que no se trata de algo exclusivamente monetario sino que obedece a la formación monopólica de los precios; a la presión de la demanda de consumo de bienes que no encuentra producción suficiente para satisfacerla; al precio que se paga por el arrendamiento de la tierra; al encarecimiento de maquinarias e insumos importados cuyos precios lo determina la evolución del dólar, etcétera. Por tanto podemos decir que no existe una sola causa que determine la inflación, se trata de un fenómeno complejo y multicausal.

Para no limitarnos al reconocimiento de la complejidad señalamos algunas de las causas principales de la inflación, entre ellas: la oferta de bienes es inelástica a los incrementos de la demanda interna y la extraordinaria emisión monetaria para cubrir el déficit, emisión muy por arriba de la riqueza que se crea en el proceso de la producción de bienes.

Lo que nos interesa destacar en esta nota es el componente político del fenómeno inflacionario: el gobierno nacional decide el gasto público y la política tributaria, entre otras; genera déficit que cubre con emisión y justifica la emisión excesiva de moneda con el argumento de que se hace para sostener la demanda y el empleo, que sin embargo cayó en el año 2012, particularmente en el sector privado. 


El gobierno también tiene la posibilidad de parar el fenómeno y no lo hace. Con el llamado acuerdo de congelamiento de precios que se pactó con los supermercados de venta minorista, hasta el 31 de mayo venidero, encara el problema por el lado de la distribución de los bienes, con lo cual restringe temporalmente y hasta cierto punto el margen del beneficio comercial de la cadena de supermercados en manos principalmente de capitales extranjeros (Carrefour-franceses, Walt Mart- norteamericanos, Vea- chilenos, Supermercaditos chinos, etcétera)

En la Argentina de hoy si se quisiera atacar el proceso inflacionario de los bienes que componen la Canasta Básica Alimentaria, habría que controlar a las 28 empresas monopólicas, de las cuales 26 son de capital imperialista, que  producen y abastecen el 85 % de los bienes que se encuentran en las góndolas de los comercios. Dichos monopolios obtienen ganancias extraordinarias muy por encima de las inversiones de capital en otras ramas de la actividad productiva y la realidad indica que el gobierno tiene un acuerdo privilegiado con ellos, cuestión que está más allá de los gobiernos de turno porque la base del problema consiste en que la estructura del Estado reside en el poder de los monopolios y en el caso del sector agropecuario en la gran propiedad latifundista. 

El gobierno habla de la responsabilidad de los monopolios. Por ahora se mete con la comercialización a la que le compensa permitiendo importar bienes suntuarios y con la tarjeta “supercard” le agrega un rédito financiero que, por mal que funcione, genera una masa de dinero que van a manejar directamente los supermercadistas sin la intermediación de los bancos.

El gobierno actual resulta ser socio de esas ganancias extraordinarias y por tanto de la inflación por la vía de los impuestos (IVA y ganancias), como lo fueron otros que le precedieron, y por ello no está dispuesto a eliminar el IVA a los bienes que componen la Canasta Básica  Alimentaria, como lo ha hecho el gobierno de Brasil ante una inflación del 6 % anual, con lo cual el nivel de estos precios bajaría de inmediato en un 21 %.

No lo hace porque el IVA, aumentado por el impuesto inflacionario, es la principal fuente de ingresos del Tesoro Nacional y de financiamiento del gasto público nacional.

Al tiempo que crece la recaudación a costa del bolsillo de los asalariados, y de quienes tienen ingresos fijos, crece la injusticia de la distribución de los recursos. La Nación se queda con el 72 % y remite a las Provincias un escaso 28 %, por la mal llamada coparticipación federal de impuestos. Inflación y régimen unitario van de la mano.  

Temas

Dejá tu comentario